El acuerdo, firmado en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, fue celebrado por la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, y busca dar una solución a la crisis que enfrentan los productores por la caída de precios, que en el último año ha sido cercana al 25 %. Además de la regulación de precios, el Gobierno se comprometió a evaluar la implementación de medidas de defensa comercial, como aranceles inteligentes, para proteger al sector de las importaciones. Se creará también una comisión técnica para identificar mecanismos que permitan compensar a los productores afectados por la caída de precios desde el 26 de junio de 2025. Otro punto clave del acuerdo es el compromiso de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la DIAN de intensificar los controles en centros de acopio y molinos para verificar el origen y los inventarios de arroz, combatiendo así el contrabando. Aunque el levantamiento de los bloqueos fue inmediato, los productores manifestaron que se mantendrán vigilantes para asegurar el cumplimiento de lo pactado, advirtiendo que la sostenibilidad del sector depende de resultados concretos y no solo de promesas.