Esta decisión, justificada por un déficit presupuestario, ha permitido al Ejecutivo legislar por decreto, generando un intenso debate sobre su constitucionalidad y su impacto en la economía. Declarada a finales de 2025, la emergencia fue la respuesta del Ejecutivo al hundimiento de su ley de financiamiento en el Congreso, que dejó un hueco fiscal de 16,3 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación. Amparado en el artículo 215 de la Constitución, el Gobierno expidió el Decreto Legislativo 1474, con el que espera recaudar cerca de 11,1 billones de pesos. Este decreto incluye un amplio abanico de medidas, como el aumento del IVA para licores, la imposición de IVA a juegos en línea, el alza de impuestos al tabaco y la reducción del umbral para exención de IVA en compras por internet. Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, estas medidas son indispensables para financiar gastos urgentes.

Sin embargo, el uso de esta facultad excepcional está bajo escrutinio.

La Corte Constitucional deberá determinar si la declaratoria de emergencia estuvo debidamente justificada. Además, han surgido informes sobre la posible declaratoria de una segunda emergencia, esta vez por la situación en la frontera con Venezuela, lo que ha avivado las críticas sobre el uso de este mecanismo como un “comodín” para eludir el control del Congreso y acelerar el gasto público.