La medida busca reducir la presión fiscal sobre el Estado y focalizar los recursos públicos, aunque genera debate sobre su implementación y efectos.

Formalizada a través del Decreto 1428 de 2025, esta política busca corregir lo que el Gobierno considera una “distorsión histórica”, en la que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) subsidiaba el consumo de vehículos que no cumplen una función social esencial. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que “el subsidio a los combustibles debe estar donde cumple una función social”. Con el nuevo decreto, el precio del diésel para estos vehículos se aproximará a su valor de mercado. Un aspecto clave de la medida es que el transporte público de carga y de pasajeros queda expresamente excluido del ajuste, con el objetivo de no afectar el costo de los alimentos, las tarifas de transporte ni el presupuesto de los hogares colombianos. El Gobierno ha enfatizado que no se trata de un aumento generalizado, sino de una “corrección” en la asignación del subsidio para hacer más eficiente el gasto público. La implementación será gradual y focalizada, comenzando en las principales ciudades y áreas metropolitanas para monitorear el impacto antes de una posible expansión.