Sin embargo, la industria califica el alza como "desproporcionada" y "confiscatoria", advirtiendo que podría disparar el contrabando y afectar al comercio legal.

El nuevo esquema tributario, expedido bajo la emergencia económica, establece una tarifa específica de 11.200 pesos por cada cajetilla de cigarrillos, más un componente adicional del 10%. Para los vapeadores, el impuesto será de 2.000 pesos por mililitro, sumado a un impuesto ad valorem del 30%. Juan Carlos Restrepo, director de Asuntos Corporativos de British America Tobacco, afirmó que el efecto de estas medidas es “absolutamente nocivo”, describiendo el aumento del 300% como un impuesto “confiscatorio” que no fue consultado técnicamente. Advirtió que el precio final de una cajetilla podría llegar a los 20.000 pesos, lo que generaría un incentivo masivo para que los consumidores busquen alternativas en el mercado ilegal. Según Restrepo, “lo que mata, desordena y desbarata el mercado son las alzas bruscas e intempestivas”, que terminan beneficiando al crimen organizado que controla el contrabando. Esta preocupación es compartida por el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien también señaló el riesgo de que impuestos muy altos fomenten el comercio ilícito en lugar de aumentar el recaudo efectivo.