La industria, si bien celebra la base gravable definida, advierte sobre la alta carga fiscal que podría afectar su competitividad frente a plataformas ilegales.

El decreto establece que el impuesto se aplicará sobre el Gross Gaming Revenue (GGR), definido como el monto total de las apuestas menos los premios pagados. Esta metodología fue bien recibida por la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), ya que el Gobierno descartó una propuesta anterior de gravar los depósitos de los usuarios, la cual era considerada “desproporcionada” por el sector. A pesar de este alivio técnico, Fecoljuegos ha manifestado su preocupación por la carga fiscal total. Sumando el nuevo IVA del 19% a los derechos de explotación existentes del 15%, la presión fiscal sobre los ingresos reales de las empresas se situará cerca del 34%, sin contar el impuesto de renta. El gremio advierte que esta cifra es una de las más altas a nivel global y podría hacer inviable la operación legal en el país, incentivando a los usuarios a migrar hacia plataformas internacionales e ilegales que no tributan en Colombia ni ofrecen garantías. Por ello, Fecoljuegos considera que el decreto no debe ser un “punto de llegada”, sino el inicio de un diálogo para asegurar la sostenibilidad del sector legal.