Esta medida impacta directamente a millones de consumidores y al creciente sector del comercio electrónico transfronterizo en Colombia. La modificación, oficializada en el Decreto Legislativo 1474 de 2025, responde a la necesidad del Gobierno de cerrar una brecha fiscal de 16,3 billones de pesos, esperando recaudar cerca de 2 billones con este ajuste.

La justificación oficial es “corregir distorsiones tributarias” y evitar un trato preferencial para las compras en el exterior frente al comercio local.

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), a través de su presidenta María Fernanda Quiñones, reconoció la necesidad de abordar los desafíos regulatorios y el “abuso de la figura de minimis” por parte de algunas plataformas, pero pidió equilibrio. Críticos como el exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, calificaron la medida de “juego sucio”, ya que su aplicación es retroactiva para quienes compraron en diciembre pero cuyos paquetes fueron nacionalizados a partir del 1 de enero de 2026, obligándolos a pagar un impuesto no previsto. El impacto se sentirá en el bolsillo de los usuarios de plataformas como Shein, Temu y Amazon, dado que el tiquete promedio de compra en Colombia se sitúa alrededor de los 50 dólares. Además, la medida afecta a pequeños emprendedores que importan insumos de bajo costo y a consumidores que adquieren bienes tecnológicos no fabricados en el país, convirtiéndose en un impuesto directo al consumo y la tecnificación.