El Gobierno espera recaudar con esta medida aproximadamente 1,2 billones de pesos adicionales en 2026.

Analistas y expertos han advertido que este costo adicional podría ser trasladado a los usuarios del sistema financiero a través de un encarecimiento de los servicios, como mayores tasas de interés en créditos o comisiones por productos bancarios. La decisión se enmarca en la estrategia del Gobierno de aplicar el principio de solidaridad, solicitando un mayor esfuerzo fiscal a los sectores con mayor capacidad económica para solventar el déficit presupuestario.