Esta medida forma parte del paquete tributario expedido bajo la emergencia económica y tiene un doble objetivo de recaudo y salud pública. El decreto establece que la tarifa específica por cada cajetilla de cigarrillos aumentará a 11.200 pesos, un incremento de más del 300% respecto a la tarifa anterior. Para los vapeadores, se fijó un impuesto de 2.000 pesos por mililitro, más un componente *ad valorem* del 30%.

La industria tabacalera reaccionó de manera contundente.

Juan Carlos Restrepo, director de Asuntos Corporativos de British America Tobacco, calificó el impuesto como “absolutamente nocivo”, “desproporcional” y “confiscatorio”.

En una entrevista, advirtió que un alza tan brusca e intempestiva tendrá un “impacto altísimo en el precio al consumidor”, lo que inevitablemente desplazará la demanda hacia el producto ilegal. Según Restrepo, el precio de una cajetilla podría pasar de 8.000 a 20.000 pesos, incentivando el contrabando, un negocio que, según él, “pertenece hoy a los grupos de crimen organizado”. Sostuvo que, si bien el aumento de precios puede disminuir el consumo legal, “la gente que quiere seguir consumiendo el producto de todas formas lo busca más barato y lo encuentra en el contrabando”. Exministros de Hacienda como José Manuel Restrepo también han advertido que impuestos muy altos en estos productos tienden a fomentar el comercio ilícito en lugar de generar el recaudo esperado.