El Gobierno justifica la medida argumentando la necesidad de “corregir distorsiones tributarias, fortalecer el recaudo en el corto plazo y evitar que las compras en línea desde el exterior mantengan un trato preferencial frente al comercio formal establecido en el país”. La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) reconoció la necesidad de abordar los desafíos regulatorios y el abuso de la figura de *minimis* por parte de algunos actores para eludir obligaciones tributarias. Su presidenta, María Fernanda Quiñones, afirmó que esto “crea un entorno de competencia desigual frente al comercio nacional”.

Sin embargo, la CCCE también advirtió sobre la importancia de que las medidas se implementen con equilibrio para no afectar la competencia leal. La norma generó controversia, especialmente para quienes compraron en diciembre de 2025 pero sus productos llegaron en enero de 2026, ya que el cobro del IVA se aplica en el momento de la nacionalización del producto, no en la fecha de compra. El exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, calificó la situación como un “juego sucio”, advirtiendo que “si uno compró antes de que la norma fuera conocida, igual le toca pagar después”.