Esta "amnistía" busca generar un recaudo inmediato y ampliar la base gravable a futuro.

La medida, que ya se ha aplicado en reformas anteriores (2019, 2020 y 2022), ofrece una ventana de oportunidad para que los contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones fiscales ante la DIAN. Quienes se acojan a este mecanismo deberán pagar un impuesto único del 19 % sobre el valor de los bienes no declarados o los pasivos ficticios que deseen regularizar. El objetivo principal es doble: por un lado, generar ingresos rápidos para las arcas del Estado, con un recaudo estimado que asciende a 613.600 millones de pesos; por otro, formalizar capitales que se encontraban fuera del radar de la administración tributaria, lo que a largo plazo permite ampliar la base de contribuyentes y mejorar el cumplimiento. Esta herramienta se complementa con otras medidas de recaudo inmediato, como la autorización de reducciones de hasta el 85 % en sanciones e intereses para quienes paguen sus deudas tributarias antes del 31 de marzo de 2026. Aunque estas amnistías son efectivas para la caja a corto plazo, suelen generar debate sobre la equidad tributaria, ya que pueden ser percibidas como un beneficio para quienes incumplieron la ley, en detrimento de los contribuyentes cumplidos.