Gobierno insiste en la no deducibilidad de las regalías para el sector extractivo

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha decidido insistir en la no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta para las empresas del sector extractivo, una medida que ya había sido declarada inexequible por la Corte Constitucional. Esta decisión reabre un complejo debate jurídico y fiscal sobre la naturaleza de las regalías y su impacto en la inversión. La controversia se originó en la reforma tributaria de 2022, que prohibió a las empresas de hidrocarburos y minería descontar el pago de regalías como un costo en su declaración de renta. Sin embargo, en 2023, la Corte Constitucional tumbó la norma, argumentando que vulneraba principios del sistema tributario al desconocer que las regalías pueden ser consideradas un costo de producción. A pesar de este fallo, el Gobierno incluyó nuevamente la medida en el decreto de emergencia económica, buscando una “fórmula técnica que busca ajustarse a los precedentes de la Corte Constitucional”. El Ejecutivo sostiene que permitir la deducción es, en la práctica, un “subsidio” del Estado a la explotación de sus propios recursos, lo que reduce el recaudo y la equidad tributaria. Por su parte, el sector minero-energético y expertos juristas advierten que el margen de maniobra del Gobierno es limitado. Una nueva norma que reproduzca el contenido de la disposición anulada podría ser declarada inconstitucional por “cosa juzgada”. El sector extractivo ha manifestado su preocupación por la afectación a la inversión, la estabilidad jurídica y la competitividad del país que esta medida podría generar.

En resumen

La reincorporación de la no deducibilidad de las regalías, a pesar de un fallo previo en contra de la Corte Constitucional, prepara el terreno para una nueva batalla jurídica. La decisión enfrenta la necesidad fiscal del Gobierno con las demandas de seguridad jurídica y estabilidad para la inversión por parte de la industria extractiva.

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