El ajuste tributario aplica para licores, vinos, aperitivos y similares, incluyendo productos de alto consumo como aguardiente, ron, whisky y brandy. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, justificó la medida como un “reordenamiento técnico del IVA” para unificar tarifas y eliminar tratamientos preferenciales, además de enmarcarla en una lógica de “impuestos saludables”. Sin embargo, la decisión más comentada fue la exclusión de la cerveza, que mantendrá su tarifa actual.

Según el Gobierno, esta bebida tiene un “alto consumo social” y una “dinámica social distinta” que justifica mantenerla fuera del ajuste.

La industria ha reaccionado con preocupación.

La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) advirtió que el nuevo esquema podría llevar la carga fiscal del sector hasta un 90 %, un nivel considerado crítico. Asimismo, el gobernador de Cundinamarca alertó que el departamento podría perder hasta 120.000 millones de pesos en ingresos destinados a la salud. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo y representantes de la industria tabacalera, que enfrenta un alza similar, han advertido que aumentos tan bruscos en los impuestos a licores y tabaco históricamente han fomentado el contrabando, lo que podría reducir el recaudo efectivo y fortalecer las economías ilegales.