La cerveza fue explícitamente excluida del incremento debido a su alto consumo social.

La medida afecta a una amplia gama de productos, incluyendo aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka, vinos y otras bebidas fermentadas.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, justificó la decisión como un "reordenamiento técnico del IVA" necesario para unificar tarifas, eliminar tratamientos preferenciales que ya no se consideran justificables y fortalecer el recaudo en sectores de alto consumo. Los ingresos adicionales, según el Gobierno, se destinarán principalmente a financiar el sistema de salud.

La decisión ha generado una fuerte reacción en la industria y en los gobiernos departamentales. La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) advirtió sobre un "impacto crítico", estimando que la carga fiscal total para el sector podría alcanzar hasta el 90%, lo que afectaría gravemente la viabilidad del negocio. Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, alertó que el aumento restaría hasta 120.000 millones de pesos a las rentas del departamento, que dependen de estos impuestos para financiar la salud y otros proyectos regionales. Expertos como el exministro José Manuel Restrepo han advertido que alzas tan bruscas en los impuestos a licores y tabaco podrían fomentar el contrabando, afectando el recaudo fiscal y fortaleciendo las economías ilegales.