El paquete de medidas adoptado por decreto replica en gran medida el articulado del proyecto de ley que no prosperó en el Legislativo, lo que ha generado un intenso debate político. Sectores de la oposición han calificado la estrategia como un "decretazo fiscal" que elude el control del Congreso, mientras que el presidente Gustavo Petro ha defendido la decisión como "absolutamente imprescindible" para reducir el déficit y evitar la insostenibilidad de la deuda, atribuyendo la responsabilidad a la "irresponsabilidad del Congreso". La Presidencia argumentó que la medida es un mecanismo constitucional preventivo para corregir desequilibrios antes de que se materialicen crisis más graves, asegurando que el recaudo se hará de forma equitativa y progresiva, sin afectar a la mayoría de la población.