Adicionalmente, se creó un impuesto temporal del 1 % sobre la primera venta o exportación de petróleo crudo y carbón. La controversia central radica en que la Corte Constitucional, al tumbar la norma original de la reforma tributaria de 2022, concluyó que las regalías son un costo de producción y que impedir su deducción vulneraba principios del sistema tributario. Pese a este antecedente, el Ejecutivo argumenta que la decisión judicial no cerró por completo el debate y ha diseñado una "fórmula técnica que busca ajustarse a los precedentes de la Corte". La justificación gubernamental es que permitir la deducción equivale a que el Estado "subvencione" parcialmente la explotación de sus propios recursos. Este segundo intento genera un complejo debate jurídico sobre si la nueva norma viola la cosa juzgada constitucional.

Expertos en derecho tributario señalan que el margen de maniobra del Gobierno es limitado.

El sector minero-energético ha advertido que la medida podría afectar la inversión, la estabilidad jurídica y la competitividad del país.