Esta decisión se presenta como una respuesta a la "irresponsable" negativa del Congreso a aprobar la reforma, lo que, según el Ejecutivo, generó un "riesgo macroeconómico" y un "desequilibrio fiscal". La oposición y diversos sectores empresariales han advertido sobre posibles efectos negativos en la inversión y la confianza, y se anticipa un debate jurídico sobre la constitucionalidad de los impuestos decretados bajo esta figura excepcional.