Gremios como Asobancaria y el Consejo Gremial, junto a expertos constitucionalistas y la oposición política, sostienen que la situación fiscal era previsible y no cumple con los requisitos de excepcionalidad que exige la Constitución. Advierten que la medida podría ser declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, lo que generaría una profunda inseguridad jurídica y económica.

Critican que el Gobierno utilice este mecanismo como un atajo para aprobar una reforma tributaria por decreto, eludiendo el debate democrático en el poder legislativo.