Este resultado representa un duro golpe para las finanzas del Ejecutivo, que originalmente buscaba recaudar $26,3 billones, cifra que fue reducida a $16,3 billones tras negociaciones con las bancadas.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, advirtió que el rechazo de la ley genera un "vacío financiero" que pone en riesgo la ejecución de programas sociales, inversiones regionales, subsidios y el cumplimiento de obligaciones estatales, incluido el pago de la deuda pública. La caída del proyecto desfinanciará el presupuesto de 2026, que ahora deberá ajustarse desde los $546,9 billones aprobados a los $530,6 billones disponibles. El presidente Gustavo Petro calificó la decisión como predecible y producto del "odio político por encima del interés nacional", asegurando que las consecuencias serían imprevisibles. Congresistas de oposición, como Efraín Cepeda, argumentaron que la reforma "golpeaba a las clases bajas y medias". El hundimiento se suma a una serie de reveses legislativos para el Gobierno, como los tropiezos en las reformas a la salud y la jurisdicción agraria, evidenciando una creciente tensión entre el Ejecutivo y el Congreso.