El debate legislativo ha estado plagado de retrasos y desacuerdos, lo que ha puesto en duda su aprobación antes de que finalice el calendario legislativo. Las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes han sostenido sesiones sin lograr avances significativos, y en el Senado se especula que el proyecto será hundido cuando se someta a votación. La falta de consenso y los tropiezos en el procedimiento han sido una constante, generando un ambiente de incertidumbre sobre el futuro de una reforma que busca recaudar $16,3 billones para las arcas del Estado. En este contexto, el presidente Gustavo Petro ha elevado la presión, advirtiendo que si el Congreso no aprueba la reforma, el país se encaminaría hacia una emergencia económica, una declaración que refleja la urgencia del Ejecutivo por asegurar estos recursos. La Contraloría ha añadido a la preocupación al alertar sobre un rezago de $9,8 billones en el recaudo y un presupuesto desfinanciado para 2026, lo que agrava el escenario fiscal si la reforma fracasa. La iniciativa es considerada fundamental para el financiamiento del gasto público y el cumplimiento de las metas fiscales, y su posible hundimiento tendría serias implicaciones para la estabilidad económica del país.