Sin embargo, su entrada en vigor, prevista para finales de 2024, se ha visto frustrada por dificultades técnicas.

La implementación requiere un sistema de información universal y en tiempo real que interconecte a todas las entidades financieras del país, desde grandes bancos hasta pequeñas cooperativas, algo que ha resultado complejo de desarrollar. Ante este panorama, el nuevo proyecto de ley de financiamiento propone, a partir del 1 de enero de 2026, echar para atrás esta modificación. Esto significa que los usuarios perderían el beneficio de tener múltiples cuentas exentas hasta el tope mensual, y las entidades financieras ya no tendrían la obligación de desarrollar el complejo sistema de control. La situación ha generado confusión, e incluso la DIAN ha autorizado a los ciudadanos a solicitar la devolución de retenciones indebidas, reconociendo el derecho creado por la ley, aunque su aplicación práctica sea inviable por ahora.