El Congreso de la República se encuentra en una fase decisiva para el futuro de la reforma tributaria, también conocida como Ley de Financiamiento, una iniciativa gubernamental que busca recaudar $16,3 billones para completar el presupuesto de 2026. El trámite legislativo ha estado marcado por la falta de consensos, maniobras para romper el quórum y una fuerte oposición que amenaza con hundir el proyecto. El Gobierno ha defendido la reforma como una herramienta "fundamental para garantizar la sostenibilidad fiscal del país", como lo expresó el director de la DIAN, Carlos Betancourt. La iniciativa original contemplaba un recaudo de $26 billones, pero fue ajustada a cerca de $10 billones tras eliminar propuestas polémicas como los impuestos a las iglesias, a los combustibles (gasolina, ACPM) y a la boletería de eventos culturales y deportivos.
Sin embargo, estos cambios no han sido suficientes para asegurar su aprobación.
Las comisiones económicas conjuntas, encargadas del primer debate, se han visto divididas, con al menos tres ponencias pidiendo el archivo del proyecto frente a una ponencia positiva que cuenta con un respaldo minoritario.
La oposición argumenta que la reforma afecta a la clase media y a sectores clave de la economía, mientras que el Gobierno insiste en que su enfoque es progresivo. La falta de quórum ha obligado a suspender las sesiones en repetidas ocasiones, lo que el oficialismo interpreta como una maniobra para ganar tiempo y negociar apoyos, mientras que la oposición lo ve como una muestra de la debilidad del proyecto. El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha estado activo en las negociaciones, pero el futuro de la ley sigue siendo incierto, dependiendo de la capacidad del Gobierno para consolidar una mayoría en las cuatro comisiones económicas, donde se requiere un voto unánime para que el proyecto avance a las plenarias.
En resumenLa reforma tributaria enfrenta un panorama complejo en el Congreso, con un apoyo político frágil y un tiempo limitado para su aprobación. Su eventual hundimiento pondría en riesgo la financiación del presupuesto de 2026 y la estabilidad fiscal del país, mientras que su aprobación depende de intensas negociaciones políticas para superar la resistencia de la oposición y algunos sectores independientes.