Sin embargo, ante la fuerte oposición política, la propuesta fue modificada.

En una primera etapa, se discutió establecer un umbral de 100 dólares para mantener la exención. No obstante, la ponencia positiva finalmente radicada por los congresistas afines al Gobierno estableció un tope más bajo, fijando la exención de impuestos únicamente para los envíos postales cuyo valor no exceda los 50 dólares. La principal voz de oposición ha sido la de la representante Katherine Miranda, quien radicó una ponencia de archivo contra la totalidad de la reforma, argumentando que este impuesto afecta a “millones de familias que usan para comprar ropa, útiles escolares y productos básicos para sus hijos a precios asequibles”. La justificación del Gobierno se alinea con la necesidad de aumentar el recaudo fiscal para financiar el presupuesto de 2026 y, potencialmente, proteger el comercio local. La medida refleja la tensión entre la necesidad fiscal del Estado y el impacto directo en el poder adquisitivo de la clase media, que ha encontrado en el comercio electrónico transfronterizo una alternativa de consumo. El futuro de este impuesto depende del complejo trámite legislativo de la reforma, que enfrenta un ambiente adverso con ponencias de archivo en su contra.