Inicialmente, se proyectaba recaudar $7,8 billones con estos gravámenes, pero la cifra se redujo a $3,1 billones. Uno de los cambios más notables fue la reducción del impuesto a la cerveza, que en la propuesta original quedaba con una tarifa unificada del 30 % por grado de alcohol, pero en la nueva ponencia se fijó en un 15 %. La Secretaría de Hacienda del Cauca había advertido que la reforma podría incrementar el precio de una botella de aguardiente en un 80 %, lo que incentivaría la compra de productos ilícitos y adulterados, afectando la salud pública y las rentas departamentales, que dependen en un 60 % de estos impuestos para financiar salud, educación y deporte. El senador Efraín Cepeda también argumentó que el alza de impuestos a estos productos “desfinancia los departamentos” y podría disparar el contrabando. A pesar de la reducción, el Gobierno mantiene la estructura de impuestos a estas bebidas como una medida para gravar actividades que afectan la salud pública y obtener recursos adicionales, aunque con un alcance menor al previsto originalmente.