Sin embargo, la propuesta enfrenta una férrea oposición. César Cermeño, experto en la materia, criticó la intención del Ejecutivo al señalar que la medida evidencia “un hambre de recaudo para tapar la crisis fiscal del país” en lugar de atender la emergencia original en el Catatumbo. Desde el Congreso, la ponencia de archivo coordinada por senadores como Juan Pablo Gallo Maya califica el impuesto como “confiscatorio”, argumentando que al no considerar los costos ni los márgenes operativos de las empresas, desincentivaría la inversión en exploración y comprometería la producción futura de energéticos. Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, defiende la necesidad de la ley para cubrir un presupuesto “altamente inflexible”. El debate se centra en si este tributo es una herramienta fiscal legítima o una carga que podría mermar la competitividad de Colombia en el mercado energético global.