Nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero Avanza en el Congreso en Medio de Alertas del Sector Privado

El Gobierno Nacional radicó en el Congreso el Proyecto de Ley 312 de 2025, que busca establecer un nuevo régimen sancionatorio aduanero en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional. La iniciativa pretende modernizar el control aduanero mediante el uso de tecnología, pero ha generado preocupación entre expertos legales y gremios empresariales por una posible inseguridad jurídica y la ampliación de las facultades de la DIAN. El proyecto responde a la Sentencia C-072 de 2025, que declaró inconstitucional el régimen actual y fijó como plazo el 20 de junio de 2026 para expedir una nueva normativa. La propuesta incorpora herramientas como inteligencia artificial y big data para la gestión de riesgos, alineándose con estándares de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), y promueve la digitalización de procesos. Sin embargo, análisis de la firma KPMG advierten que el proyecto “muestra ambigüedad en la definición de infracciones”, lo que podría “perpetuar la inseguridad jurídica y la discrecionalidad de la DIAN”. Además, se critica que amplía las facultades sancionatorias de la entidad “sin que se fortalezcan de manera proporcional los mecanismos de defensa”. Una de las mayores preocupaciones, señalada por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), es la penalización de errores formales, como fallos en las descripciones de mercancías, que ahora enfrentarían una sanción automática y costosa en lugar de tener la posibilidad de ser corregidos.

El texto final radicado no fue concertado con el sector privado, por lo que el debate se centrará en el Congreso.

En resumen

La propuesta de un nuevo régimen aduanero es un paso clave para modernizar el control del comercio exterior en Colombia. No obstante, gremios y analistas alertan sobre riesgos significativos como la ambigüedad en la tipificación de infracciones, el aumento de poder sancionatorio de la DIAN sin contrapesos y el castigo severo a errores formales. El debate legislativo será fundamental para equilibrar la necesidad de un control eficaz con la seguridad jurídica y la competitividad del sector.

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