Sin embargo, expertos y gremios han encendido las alarmas, advirtiendo que la iniciativa podría aumentar la discrecionalidad de la DIAN y generar inseguridad jurídica para los operadores de comercio exterior. La propuesta, contenida en el Proyecto de Ley 312 de 2025, surge en cumplimiento de la Sentencia C-072 de 2025 de la Corte Constitucional, que declaró inconstitucional el régimen actual y fijó un plazo para expedir una nueva normativa. El proyecto busca incorporar herramientas como inteligencia artificial y big data para la gestión de riesgos, alineándose con estándares de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). A pesar de estos avances en modernización, análisis de firmas como KPMG y gremios como Analdex señalan serias preocupaciones.

Advierten que el texto mantiene “zonas grises en la tipificación de conductas sancionables, lo que podría perpetuar la inseguridad jurídica y la discrecionalidad de la DIAN”. Otra crítica central es que el proyecto amplía las facultades de la autoridad aduanera para imponer sanciones de mayor cuantía, “sin que se fortalezcan de manera proporcional los mecanismos de defensa y revisión”. Además, se cuestiona que el texto profundiza el castigo a errores formales que no afectan la naturaleza de la mercancía ni los tributos pagados. El proceso también ha sido criticado, ya que el texto final radicado en el Congreso no fue concertado con el sector privado, que había presentado cerca de 700 comentarios a un borrador previo, lo que traslada el debate público a las instancias legislativas.