La medida, que inicialmente buscaba gravar todas estas importaciones, fue ajustada para aplicarse solo a transacciones superiores a 100 dólares en un intento por salvar la iniciativa fiscal.

El gravamen forma parte de la Ley de Financiamiento con la que el gobierno de Gustavo Petro busca recaudar 16,3 billones de pesos para cubrir el déficit del presupuesto de 2026. Ante el adverso ambiente político, el Ministerio de Hacienda, liderado por Germán Ávila, realizó ajustes al proyecto, entre ellos, limitar el alcance del impuesto a las llamadas “nininis”.

Esta modificación fue una concesión clave para intentar conseguir apoyo en el legislativo.

Sin embargo, la medida sigue siendo un punto central de la crítica. La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, radicó una ponencia de archivo argumentando que la reforma “afecta directamente a los más pobres y a la clase media”.

En su ponencia, Miranda critica específicamente este impuesto, señalando que “el gobierno quiere ponerle impuestos a compras en plataformas como Shein, Temu o AliExpress, que millones de familias usan para comprar ropa, útiles escolares y productos básicos para sus hijos a precios asequibles”. Esta oposición refleja una preocupación más amplia sobre el impacto de la reforma en el costo de vida de los colombianos, en un momento en que el proyecto enfrenta un futuro incierto, con ponencias de archivo radicadas tanto en Cámara como en Senado que lo tienen “virtualmente hundido”.