Expertos y gremios advierten que la propuesta, aunque innovadora, podría generar inseguridad jurídica al ampliar las facultades de la DIAN sin fortalecer las garantías para los operadores de comercio exterior. El Proyecto de Ley 312 de 2025 fue presentado en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible el régimen actual y dio plazo hasta junio de 2026 para expedir una nueva normativa. El proyecto incorpora avances como el uso de inteligencia artificial y big data para la gestión de riesgos, alineándose con estándares de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Sin embargo, análisis de la firma KPMG y del gremio Analdex señalan serias preocupaciones. Advierten que el texto mantiene “zonas grises en la tipificación de conductas sancionables”, lo que podría perpetuar la discrecionalidad de la DIAN. Una de las críticas más fuertes es que se amplían las facultades de la entidad para imponer sanciones de mayor cuantía “sin que se fortalezcan de manera proporcional los mecanismos de defensa y revisión”. Además, se señala que el texto definitivo radicado en el Congreso no fue concertado ni socializado en su versión final con el sector privado, que había presentado cerca de 700 comentarios a un borrador previo. Esto genera inquietud sobre el equilibrio entre el control y la facilitación del comercio.