Sin embargo, el texto también ha generado preocupación.

Gremios como Analdex y consultoras señalan que mantiene ambigüedad en la tipificación de conductas sancionables, lo que podría perpetuar la inseguridad jurídica y la discrecionalidad de la DIAN. Una de las mayores críticas es que el proyecto amplía las facultades de la autoridad aduanera para imponer sanciones más severas, sin fortalecer de manera proporcional los mecanismos de defensa para las empresas. Además, se critica que el texto final radicado en el Congreso no fue concertado ni socializado con el sector privado, dejando el debate público para las instancias legislativas. El proyecto representa una oportunidad para modernizar el sistema aduanero, pero el desafío será equilibrar la necesidad de un control más estricto con la protección de las garantías procesales y la competitividad del comercio exterior colombiano.