Una controversia fiscal de enormes proporciones se desarrolla entre la DIAN y Ecopetrol por el cobro retroactivo de más de 11 billones de pesos en IVA sobre la importación de combustibles. El conflicto ha escalado al ámbito judicial y ha requerido la intervención de la Procuraduría, advirtiéndose sobre un grave riesgo para la estabilidad financiera de la petrolera estatal y la soberanía energética del país. El centro de la disputa es un concepto de la DIAN que establece que la importación de gasolina y ACPM está gravada con la tarifa general del 19 % de IVA, una interpretación que la autoridad tributaria busca aplicar de forma retroactiva para los años 2022 a 2024. Ecopetrol y su filial, la Refinería de Cartagena (Reficar), rechazan esta postura.
La DIAN ya ha emitido liquidaciones oficiales por un valor conjunto que supera los 11,28 billones de pesos. Ante esta situación, Reficar interpuso una acción de tutela y logró que un juzgado en Cartagena ordenara a la DIAN, como medida cautelar, abstenerse de ejecutar cualquier medida de cobro coactivo, como embargos. La refinería argumentó que un embargo de tal magnitud paralizaría sus operaciones en cuestión de días, comprometiendo el abastecimiento de combustible en la región Caribe y la soberanía energética nacional.
El exministro Mauricio Cárdenas y otros han señalado que Reficar opera en una zona franca, lo que añade complejidad al debate sobre las tarifas aplicables. La Procuraduría General de la Nación convocó una mesa técnica urgente para mediar en el conflicto, buscando proteger el patrimonio público y evitar que la disputa se convierta en una carga insostenible para la petrolera estatal.
En resumenEl enfrentamiento fiscal entre la DIAN y Ecopetrol por un cobro multimillonario de IVA ha revelado una profunda discrepancia interpretativa de la norma tributaria. La disputa, ahora en manos de la justicia y con mediación de la Procuraduría, pone en riesgo la estabilidad financiera de Ecopetrol y el abastecimiento energético del país.