El Ministerio de Hacienda, liderado por Germán Ávila, sostuvo reuniones con los ponentes del proyecto para negociar cambios específicos. Entre las concesiones más importantes se encontró la eliminación de algunos impuestos propuestos para los combustibles y la limitación del gravamen a las compras virtuales de bajo valor, que finalmente solo aplicaría a transacciones superiores a 100 dólares. Otro ajuste significativo fue en el impuesto a las bebidas alcohólicas; se excluyó a la cerveza de la tarifa unificada del 30 % por grado de alcohol, reduciendo su carga al 15 %, en un claro gesto hacia uno de los sectores industriales más importantes.

A pesar de estas modificaciones, el ambiente político ya era sumamente adverso. La radicación de ponencias de archivo tanto en la Cámara como en el Senado demostró que las bancadas de oposición y algunos partidos independientes ya habían consolidado una mayoría en contra del proyecto. Los ajustes del Gobierno fueron percibidos como tardíos y no lograron cambiar la postura de los legisladores, quienes argumentaron que la reforma, incluso en su versión modificada, seguía siendo perjudicial para la economía de los hogares y las empresas.