La medida generó un amplio rechazo por afectar a millones de familias, lo que obligó al Gobierno a modificar su alcance. Esta propuesta fue uno de los puntos más criticados por la oposición.

La representante Katherine Miranda, al radicar su ponencia de archivo, argumentó que con este gravamen “el gobierno quiere ponerle impuestos a compras en plataformas [...] que millones de familias usan para comprar ropa, útiles escolares y productos básicos para sus hijos a precios asequibles”. La percepción general fue que el impuesto afectaría directamente a consumidores de clase media y baja que recurren al comercio electrónico transfronterizo para acceder a bienes a menor costo. La fuerte presión política y el debate público llevaron al Gobierno a ajustar la medida en su ponencia. La modificación clave consistió en establecer un umbral, de modo que el impuesto solo se aplicaría a las compras con un valor superior a 100 dólares estadounidenses.

Las transacciones por debajo de ese monto quedarían exentas. Este cambio representó una de las concesiones más visibles del Ejecutivo en su intento por salvar la reforma. Sin embargo, a pesar de la modificación, la propuesta original ya había contribuido a la narrativa de que la reforma era lesiva para el bolsillo de los colombianos, y el ajuste no fue suficiente para cambiar la percepción negativa generalizada ni para evitar el hundimiento del proyecto.