Esta medida, que afectaría ingresos por venta de activos, herencias y premios de juegos de azar, fue uno de los cambios que más preocupación generó entre ciudadanos e inversionistas. El proyecto buscaba duplicar la tasa para ingresos derivados de la venta de activos fijos, herencias y donaciones, un cambio reportado por múltiples medios como La República e Infobae. Adicionalmente, se proponía un incremento aún mayor para los premios de rifas, apuestas y juegos de azar, cuya tarifa pasaría del 20 % al 33 %. Esto significaría que, por un premio de un millón de pesos, el ganador debería pagar 330.000 pesos en impuestos. La iniciativa también endurecía las condiciones para que la venta de un activo fuera considerada ganancia ocasional, aumentando el tiempo mínimo de posesión de dos a cuatro años. Si un activo se vendía antes de cumplir este plazo, la ganancia tributaría como renta ordinaria, lo que podría resultar más costoso para el contribuyente. Asimismo, se planteaban modificaciones en las exenciones para herencias y seguros, vinculándolas al valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) y reduciendo los umbrales exentos.

Estas propuestas generaron un fuerte rechazo, ya que implicaban una carga tributaria significativamente mayor para quienes recibieran herencias, vendieran propiedades o ganaran premios importantes, contribuyendo al ambiente adverso que enfrentó la reforma en el Congreso.