En una acción conjunta sin precedentes, la DIAN y la Fiscalía General de la Nación citaron a 22.375 contribuyentes para que respondan por una deuda de $1,2 billones, correspondiente a impuestos que recaudaron y no entregaron al Estado. La ofensiva busca cerrar procesos penales abiertos y advierte que los morosos podrían enfrentar penas de cárcel. La operación se dirige a personas y empresas que actuaron como agentes retenedores de IVA, Retención en la Fuente e Impuesto al Consumo, pero se apropiaron de los recursos. Carlos Emilio Betancourt Galeano, director (e) de la DIAN, explicó que los citados tendrán la oportunidad de “pagar la totalidad de la deuda, formalizar acuerdos, aplicar recursos embargados y regularizar su situación antes de que los procesos penales escalen”.
Las autoridades han sido enfáticas en que el no cumplimiento tendrá severas consecuencias.
Maribel Tabares Chicunque, Subdirectora de Cobranzas, recordó que la única vía para evitar la acción penal es el pago total de la obligación. De lo contrario, los casos avanzarán a la etapa judicial bajo el artículo 402 del Código Penal, que establece “una pena de prisión de 48 a 108 meses y una multa equivalente al doble de los valores no consignados”. Quienes ignoren la citación se exponen a embargos, a ser incluidos en el boletín de deudores morosos del Estado y a la continuación de los procesos penales en su contra.
En resumenEl Estado ha endurecido su estrategia contra la evasión fiscal, utilizando la amenaza de procesos penales y penas de prisión para presionar a miles de deudores a saldar sus obligaciones tributarias y recuperar una cartera morosa que supera el billón de pesos.