El plan inicial contemplaba la recaudación de $2,6 billones en 2026 a través de este nuevo gravamen. Sin embargo, la propuesta fue objeto de un rechazo contundente desde diversos sectores.

La representante Katherine Miranda, por ejemplo, argumentó que con este impuesto el Gobierno “golpea a los campesinos, a los transportadores y a los trabajadores y termina encareciendo los alimentos y la vida de todos los colombianos”. La percepción de que el IVA a la gasolina y al diésel tendría un efecto inflacionario directo, afectando los costos de transporte y, por ende, el precio final de los productos de la canasta básica, unificó a la oposición en su contra. Ante este escenario, y en el marco de la reducción de la meta de recaudo de la reforma, el Ministerio de Hacienda confirmó que la medida no sería incluida en la ponencia final. Esta decisión, si bien reduce significativamente los ingresos esperados, fue fundamental para disminuir la animadversión hacia el proyecto y abrir un espacio de negociación en el Congreso.