La meta de recaudo se redujo de $26 billones a $16,3 billones, eliminando o ajustando varios de los puntos más controvertidos de la iniciativa original. Este ajuste responde a un ambiente político adverso y a la necesidad de financiar un Presupuesto General de la Nación para 2026 de $546,9 billones, que presenta un déficit de $16 billones.

Entre los cambios más significativos se encuentra la eliminación total del propuesto IVA a los combustibles, que esperaba recaudar $2,6 billones. Adicionalmente, se modificó el alcance del impuesto a las compras virtuales de bajo valor, conocidas como “nininis”, que ahora solo se aplicaría a transacciones superiores a 100 dólares, aliviando la carga sobre los consumidores que utilizan plataformas como Shein o AliExpress para adquirir productos asequibles. Otro cambio relevante fue la reducción de la tarifa para la cerveza, que no se incluirá en el esquema homogéneo del 30 % por grado de alcohol, sino que tendrá una carga del 15 %. A pesar de estas concesiones, el proyecto mantiene gravámenes clave como el impuesto al patrimonio, el incremento progresivo del impuesto de renta para personas naturales, y los impuestos a productos como cigarrillos, vapeadores y licores (diferentes a la cerveza), que en conjunto aportarían cerca de $4,1 billones. La estrategia del Gobierno, liderada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, busca un equilibrio entre la necesidad fiscal y la viabilidad política, cediendo en puntos de alto impacto social para salvar el núcleo de una reforma considerada fundamental para la sostenibilidad de las finanzas públicas.