La ley de financiamiento propuesta por el gobierno de Gustavo Petro enfrenta un panorama político sumamente complejo en el Congreso de la República, donde un mal ambiente y la falta de consenso amenazan con su hundimiento. La resistencia a aprobar nuevos impuestos a pocos meses de finalizar el cuatrienio y en vísperas de un año electoral ha debilitado el apoyo a la iniciativa, incluso dentro de las bancadas oficialistas. La primera reunión de ponentes en las comisiones económicas conjuntas evidenció esta dificultad, con una baja asistencia, especialmente de senadores, lo que impidió construir una ponencia unificada. Congresistas como la representante Olga Lucía Velásquez han señalado que no hay un ambiente favorable para la discusión y han propuesto priorizar un proyecto de ley alternativo de reactivación económica, que podría generar entre $16 y $20 billones a través de alivios tributarios y amnistías.
Este proyecto ya cuenta con ponencia y se votaría la próxima semana, posicionándose como una competencia directa a la reforma del Gobierno.
Varios congresistas consultados han insistido en la inviabilidad de la iniciativa impositiva, incluso después de los ajustes presentados por el Ministerio de Hacienda. Si ninguno de los proyectos avanza, el Presupuesto General de la Nación de 2026 quedaría desfinanciado, dejando un hueco fiscal significativo que el próximo gobierno tendría que afrontar.
En resumenLa reforma tributaria del Gobierno Petro enfrenta un fuerte rechazo en el Congreso, marcado por la baja asistencia a los debates y la falta de acuerdos. La propuesta de un plan alternativo de reactivación económica gana terreno, lo que podría llevar al hundimiento de la iniciativa oficial y dejar un significativo déficit fiscal para 2026.