Uno de los cambios más notables fue la decisión de no unificar la tarifa del impuesto por grado de alcohol al 30% para todas las bebidas alcohólicas, dejando a la cerveza con una tarifa más baja del 15% o, según otras fuentes, eliminando completamente el IVA adicional propuesto para este producto. Esta decisión fue justificada por el Gobierno debido al impacto que tendría en los hogares más vulnerables.

La medida generó reacciones inmediatas, como la del presidente de la Comisión Tercera del Senado, Jairo Castellanos, quien advirtió que el ajuste en los gravámenes a las bebidas alcohólicas afectaría gravemente las finanzas de los departamentos. "El alcohol y la cerveza son un ingreso departamental relevante. Está en juego la autonomía territorial y la descentralización", afirmó Castellanos, subrayando la dependencia de las regiones de estos ingresos para su sostenibilidad.