Independientemente del resultado de la actual ley de financiamiento, existe un amplio consenso entre analistas económicos, centros de pensamiento y actores políticos sobre la inevitabilidad de una nueva y más profunda reforma tributaria a partir de 2026. La delicada situación de las finanzas públicas que heredará el próximo gobierno hará que esta medida sea una de sus primeras y más dolorosas tareas. El análisis general apunta a que la gestión fiscal del gobierno Petro está dejando un "legado tóxico", caracterizado por un presupuesto desfinanciado y un déficit fiscal que se proyecta como el segundo peor de la historia reciente, solo superado por el de la pandemia. Centros de estudio como Fedesarrollo ya han delineado hojas de ruta que indican que el próximo gobierno, sin importar su filiación ideológica, deberá presentar un proyecto de alza de impuestos para estabilizar la macroeconomía. Esta futura reforma debería ser parte de una "estrategia integral de doloroso ajuste financiero" que también incluiría un plan de reactivación económica y atracción de inversión.
La percepción es que "el 'totazo' no es ahora, sino con el nuevo gobierno".
Esta realidad fiscal limitará drásticamente la capacidad del próximo presidente para cumplir sus promesas de campaña.
Políticos como el exministro Mauricio Cárdenas, aunque se oponen a la reforma actual por considerarla mal diseñada, reconocen que aplazarla significa dejarle la tarea al siguiente gobierno.
Esta situación plantea un dilema para los candidatos presidenciales, quienes deberán comunicar al electorado la necesidad de futuros sacrificios para corregir el rumbo de las finanzas del país.
En resumenHay un consenso generalizado en que el próximo gobierno deberá tramitar una reforma tributaria estructural en 2026 para hacer frente al déficit fiscal y la delicada herencia económica de la administración actual. Se considera que el verdadero ajuste fiscal ha sido pospuesto y será una tarea ineludible para el siguiente presidente.