Según los informes, esta maniobra ha permitido al Gobierno capturar alrededor de $15 billones de los contribuyentes, funcionando como una especie de "préstamo obligado que las empresas le hacen al gobierno con tasa cero". El problema se intensificó en 2023, cuando un decreto del entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, elevó las tasas de retención. Esto provocó que, por primera vez, el monto de las retenciones en la fuente ($74 billones) superara el valor total del impuesto de renta a empresas ($72 billones), creando un "auge artificial" en el recaudo de ese año. Como consecuencia, los saldos a favor de los contribuyentes que la DIAN debe devolver se dispararon, pasando de $25.7 billones en 2022 a $40.5 billones en 2023. Christian Junot, exsubdirector de Fiscalización de la DIAN, asegura que la entidad ha endurecido los requisitos y suspende las devoluciones con el propósito fiscal de aplazar los pagos y no afectar la meta de recaudo del año en curso. Esta práctica, calificada como un "préstamo forzoso", exprime la caja de las empresas, las obliga a endeudarse y desincentiva la inversión, mientras el Gobierno presenta récords de recaudo basados en cifras brutas que no reflejan el dinero que efectivamente ingresa a la caja.