Esta drástica reducción de $3,7 billones evidencia la dificultad del Gobierno para sacar adelante su agenda fiscal sin hacer concesiones. Uno de los principales factores de este cambio fue la decisión de no aplicar un impuesto unificado a todas las bebidas alcohólicas, excluyendo a la cerveza del alza general.

Sin embargo, la medida ha generado preocupación sobre el impacto en las finanzas territoriales. Jairo Castellanos, presidente de la Comisión Tercera del Senado, advirtió que el ajuste en los gravámenes a las bebidas alcohólicas afectaría la sostenibilidad financiera de los departamentos.

"El alcohol y la cerveza son un ingreso departamental relevante. Está en juego la autonomía territorial y la descentralización", afirmó Castellanos, anticipando una discusión compleja en el legislativo. A pesar de la rebaja, el Gobierno mantiene estos impuestos como un pilar de su estrategia de recaudo, argumentando que se enfocan en gravar actividades que afectan la salud pública, en línea con los objetivos de la reforma de mejorar la progresividad y la justicia fiscal del sistema tributario colombiano.