Esta decisión fue justificada explícitamente por su "impacto en los hogares más vulnerables".

El Gobierno había acordado con el país "no aumentar la carga impositiva a productos como la cerveza", según declaraciones de funcionarios de Hacienda a los congresistas. La marcha atrás en este punto es una de las varias concesiones realizadas por el Ejecutivo para reducir la meta de recaudo total de la reforma y disminuir la resistencia política. La medida original había sido criticada por su potencial efecto regresivo y el impacto negativo en la industria cervecera y en los pequeños comercios que dependen de su venta. La exclusión de la cerveza del alza general de impuestos a las bebidas alcohólicas es un claro ejemplo del pragmatismo del Gobierno para asegurar la aprobación de su ley de financiamiento.