Sin embargo, la autoridad tributaria ya ha resuelto algunos de estos recursos en contra de la compañía, confirmando su posición inicial.
Ante este panorama, la estatal petrolera ha anunciado que acudirá a instancias judiciales superiores.
La estrategia incluye la interposición de una acción de tutela con fines preventivos, un mecanismo que ya fue admitido a trámite por un juzgado en Cartagena, con el objetivo de frenar cualquier medida de embargo mientras se resuelve el fondo de la disputa. Adicionalmente, la compañía prepara una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir los fundamentos jurídicos de la DIAN. En un esfuerzo por obtener respaldo institucional, Ecopetrol también ha involucrado a entes de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. A pesar de la alta exposición financiera, la empresa ha decidido no constituir provisiones contables, basándose en la opinión de sus asesores externos que consideran que la probabilidad de éxito en la disputa es superior al 50%.












