Esta disputa, que representa un riesgo financiero significativo para la petrolera estatal, podría tener amplias repercusiones en las finanzas públicas y el mercado energético nacional. El conflicto se originó a partir de un concepto ratificado por la DIAN el 19 de diciembre de 2024, que establece que la importación de gasolina y ACPM está gravada con la tarifa general del 19%. La controversia radica en la interpretación de la norma para los combustibles producidos por Reficar, la cual opera bajo el régimen de zona franca. La DIAN considera que todo el combustible que sale de la refinería para el mercado nacional es una importación y, por tanto, debe pagar el tributo. Ecopetrol, por su parte, argumenta que la base gravable debe determinarse conforme a los precios fijados por el Ministerio de Minas y Energía, una postura respaldada por figuras como el exministro Amylkar Acosta y el senador Efraín Cepeda, quienes señalan la condición especial de zona franca de la refinería. La magnitud del cobro es sustancial; las liquidaciones oficiales notificadas a Ecopetrol ascienden a $9.39 billones, mientras que las de Reficar suman $1.89 billones, con procesos adicionales por montos menores, como uno por $17.406 millones. Ecopetrol ha advertido que un eventual cobro coactivo podría generar un "efecto material adverso en las operaciones, liquidez y posición financiera de la Refinería y la Compañía". A pesar de la disputa, la empresa ha estado pagando el IVA del 19% desde enero de 2025 mientras el caso avanza en instancias legales.