Una multimillonaria controversia fiscal se ha desatado entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el grupo Ecopetrol, debido a la exigencia del pago del IVA del 19% sobre la importación de combustibles. Esta disputa representa un riesgo financiero material para la petrolera estatal y amenaza la estabilidad del suministro de combustibles en el país. El conflicto se originó por un concepto ratificado por la DIAN a finales de 2024, que establece que la importación de gasolina y ACPM está gravada con la tarifa general del IVA. La autoridad tributaria considera que el combustible procesado en la Refinería de Cartagena (Reficar), al operar bajo un régimen de zona franca, debe ser tratado como una importación al ingresar al mercado nacional. Con base en esta interpretación, la DIAN ha emitido liquidaciones oficiales que, sumando impuestos, sanciones e intereses, superan los $11,28 billones de pesos contra Ecopetrol y Reficar. Ecopetrol, por su parte, argumenta que la base gravable del IVA debe determinarse conforme a los precios fijados por el Ministerio de Minas y Energía y que, al estar en una zona franca, las condiciones tributarias son diferentes. El exministro Mauricio Cárdenas apoya esta visión, afirmando: "Sí señor, está en una zona franca.
Pero la discusión con la DIAN es un tema del IVA, y aunque este impuesto también se paga en zonas francas, hay que revisar las tarifas y las condiciones". Ante la negativa de la DIAN a los recursos de reconsideración, Ecopetrol ha escalado la defensa a instancias judiciales, interponiendo acciones de tutela para frenar posibles embargos y preparando demandas de nulidad.
La compañía advierte que un cobro coactivo podría tener un "efecto material adverso en las operaciones, liquidez y posición financiera".
Además, se ha señalado que el costo podría transferirse al consumidor final, con un posible aumento de hasta $1.300 por galón de gasolina.
En resumenLa disputa entre la DIAN y Ecopetrol por el cobro retroactivo de miles de millones de pesos en IVA a la importación de combustibles ha generado una batalla legal con profundas implicaciones. Mientras la DIAN se mantiene firme en su interpretación normativa, Ecopetrol utiliza todos los recursos legales para protegerse de lo que considera un riesgo financiero y operativo crítico, que podría afectar el abastecimiento nacional de combustibles y los precios al consumidor.