Sin embargo, la DIAN ha puesto cada vez más obstáculos para devolver este dinero, suspendiendo solicitudes por 90 días adicionales o inadmitiéndolas por errores mínimos.

Según expertos y exfuncionarios, esta es una estrategia deliberada para no afectar las metas de recaudo del año en curso.

Mauricio Salazar, del Observatorio Fiscal de la Javeriana, califica estas retenciones como “un préstamo obligado que las empresas le hacen al gobierno con tasa cero”. Esta práctica exprime la caja de las compañías, especialmente las de sectores con altos ingresos y márgenes delgados, obligándolas a endeudarse o a cancelar planes de inversión mientras el Estado se financia con sus recursos.