Esta medida contrasta con los beneficios tributarios existentes que buscan incentivar la transición hacia una movilidad más limpia. Por un lado, la reforma radicada en el Congreso introduce explícitamente la aplicación de la tarifa general del IVA para los híbridos, una decisión que podría encarecer su adquisición y ralentizar su adopción en el mercado colombiano. Esta propuesta se enmarca en la búsqueda de nuevas fuentes de recaudo para alcanzar la meta de $16,3 billones. Por otro lado, normativas vigentes y comunicaciones gubernamentales previas han destacado los incentivos para este tipo de vehículos, como un ahorro de hasta el 31,5% en el impuesto de renta neto para los compradores. Esta dualidad genera incertidumbre en el sector automotor y entre los consumidores.

Mientras el Gobierno argumenta que la reforma busca otorgar incentivos a la transición energética, la imposición de un IVA del 19% a los híbridos parece ir en la dirección opuesta, lo que podría desincentivar la compra de tecnologías intermedias que son clave para la descarbonización del parque automotor. La discusión en el Congreso será fundamental para definir si se prioriza el recaudo a corto plazo o se mantiene una política de estímulos coherente con los objetivos ambientales del país.