Por su parte, el Gobierno y defensores de la medida argumentan que el objetivo es de salud pública, buscando desincentivar el consumo de productos nocivos. Citan a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que respalda los impuestos como una herramienta eficaz para reducir enfermedades no transmisibles, señalando que un incremento del 50% en el precio podría evitar millones de muertes prematuras a nivel global. El debate se centra entonces en encontrar un equilibrio entre la protección de la salud pública y la sostenibilidad de las finanzas regionales.