El cobro totaliza $17.406 millones, desglosados en $13.186 millones por el impuesto omitido, más sanciones al importador ($1.318 millones) y al declarante ($2.901 millones).

El origen del conflicto es una declaración de importación de diciembre de 2024 en la que la empresa aplicó una tarifa de IVA del 0 %, en lugar del 19 % general que, según la DIAN, corresponde. Reficar, a través de su apoderado, argumentó que la entidad desconoció el artículo 465 del Estatuto Tributario, que asigna al Ministerio de Minas y Energía la competencia para fijar precios de referencia y la base gravable del IVA sobre combustibles. Sostuvo que, sin dicha fijación, la DIAN “pretende cobrar un impuesto inexistente”. Sin embargo, la autoridad tributaria desestimó este argumento, afirmando que, en ausencia de una base gravable especial definida por el Ministerio, aplica la norma general del artículo 459 del Estatuto Tributario para todas las importaciones.

Esta decisión abre un segundo frente de cobro que podría avanzar hacia un proceso coactivo, mientras sigue en curso el primer caso por $1,3 billones.