La disputa escaló debido a un cobro que, según los informes, asciende a 1,3 billones de pesos para Reficar por importaciones desde 2022, y un proceso separado contra Ecopetrol por una suma aún mayor. Como respuesta, Reficar interpuso una acción de tutela advirtiendo sobre un “riesgo inminente de que la Refinería se vea en la obligación de cesar por completo sus operaciones en tan solo siete (7) a once (11) días calendario” si se ejecutara un embargo, lo que pondría en “grave peligro el suministro de combustibles y la soberanía energética nacional”. Por su parte, la DIAN aclaró que, si bien insiste en que “los importadores que no hayan pagado estos tributos deben hacerlo”, hasta el momento “no ha decretado medidas cautelares preventivas ni procesos de cobros coactivos a ninguna empresa importadora de combustibles”.